La Autoridad Portuaria de Bilbao trabaja en el diseño de un nuevo modelo de gestión sostenible y participativo para el puerto deportivo de Getxo y terminal de cruceros.
Este modelo se alinea con la estrategia metropolitana y con la Agenda Horizonte 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Cuenta con el apoyo del secretariado de la Coalición Local 2030 de las Naciones Unidas para la implementación y desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible y convertirlo en un ejemplo para otros puertos del mundo.
En este proceso participará activamente el Ayuntamiento de Getxo y otras organizaciones, y tendrá un periodo de escucha activa y participación ciudadana, con el objetivo de elaborar, de forma colectiva, el mejor proyecto posible para su futuro.
El nuevo modelo de puerto se configura como un espacio abierto, moderno, sostenible y plenamente integrado en la vida urbana de Getxo.
Buscará reforzar, asimismo, su papel como motor económico, portuario y social, y lo hará desde la cooperación y el diálogo.
Este proceso se inscribe en la transformación del área metropolitana de Bilbao a lo largo de las últimas décadas.
Le da un sentido de trayectoria amplia y estratégica, y se enmarca en una visión de desarrollo territorial en la que la transformación del puerto cataliza y contribuye a la transformación de todo el territorio.
La hoja de ruta, denominada “Puerto–Ciudad Sostenible Getxo/Bilbao: Visión Integrada 2030”, abarca la zona del puerto deportivo de Getxo y la actual terminal de cruceros, que forman parte del sistema estatal de Puertos del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España).
La Autoridad Portuaria abre, de este modo, una etapa para una nueva visión del puerto, más equitativa, integradora y comprometida con el futuro del municipio, avanzando en su transformación en un espacio vivo y abierto, que combine la actividad náutica con el disfrute de la ciudadanía, el comercio local y la integración con el entorno urbano.
Las previsiones apuntan a que este proyecto esté articulado y definido en un plazo máximo de dos años, aunque la voluntad compartida de las instituciones es poder presentarlo antes.
